Concluyó la sesión legislativa de este año, con muchos proyectos en veremos y un panorama poco prometedor para algunos residentes del estado.

Gracias a las propuestas de ley que pasaron o murieron en la Asamblea General de Georgia, los impuestos podrían subir para algunos, así como el costo de los servicios públicos y la matrícula en las universidades estatales.

Kimberly Smith/AJC (agrande)

» Final. Los representantes estatales (de izq. a der.) Vance Smith (R-Pine Mountain), Calvin Smyre (D-Columbus) y Donna Sheldon (R-Dacula) ultimaban detalles sobre el plan de transporte el último día de la Legislatura, el 3 de abril.

Algunas de las decisiones de último momento en la Asamblea General:

» El Senado y la Cámara llegaron a un acuerdo para pasar una versión final de una propuesta que pretende obligar a la diferentes agencias gubernamentales a cumplir con la porción de la ley SB 520, que exige la verificación del estatus migratorio de todos los nuevos empleados oficiales. El proyecto liga directamente los fondos para la construcción de vías y carreteras al cumplimiento de la ley por parte de ciudades y condados del estado.

Al cierre de esta edición, el gobernador Sonny Perdue no se había pronunciado sobre su intención de firmar o vetarlo.

» Fracasó la propuesta de ley que pedía que el examen escrito para obtener la licencia de conducir se administrara únicamente en inglés y no en varios idiomas como se hace ahora.

» Pasó un proyecto de ley que exige que quien se inscriba para votar compruebe con documentos válidos que es ciudadano estadounidense. Falta que el gobernador lo firme para que se convierta en ley.

» Pasó el presupuesto de 18.6 millones de dólares para el estado. El nuevo presupuesto recortó más de mil millones de dólares el gasto, lo cual significa despido de personal y menos horas de trabajo para algunos empleados oficiales.

También implica menos dinero para los sistemas escolares, por lo que es probable que algunos condados tengan que subir el impuesto a la propiedad para compensar la pérdida y que las universidad suban el costo del semestre para recuperar los fondos que ya no recibirán del estado.

Además, se pedirá prestado dinero para proyectos de construcción y se usará parte de la ayuda económica del gobierno federal para cubrir el déficit de Medicaid.