Indocumentados también contribuyen
Indocumentados también contribuyenAunque no de manera muy significativa, los trabajadores indocumentados sí aportan a la economía del país y no afectan a gran escala los salarios de la fuerza laboral estadounidense.
A esa conclusión llegó el académico Gordon H. Hanson, tras hacer una investigación para el Migration Policy Institute.
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Montaje: Gerardo Gonzalez/MH
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De acuerdo con Gordon, la mayoría de los trabajadores indocumentados laboran en los sectores de agricultura, construcción, procesamiento de alimentos, limpieza y mantenimiento.
Los trabajadores nativos ya no quieren trabajar en estos sectores porque han aumentado su nivel educativo. En 1960 la mitad de la fuerza laboral estadounidense no había completado la secundaria, mientras que actualmente apenas un ocho por ciento no lo ha hecho.
Por lo tanto, la competencia por trabajo entre inmigrantes y nativos en esos sectores no es tan grande y los salarios de los estadounidenses no se ven muy afectados, según Hanson.
Quienes más se benefician de la mano de obra indocumentada son los dueños de empresas, que tienen acceso a una fuerza laboral que cobra poco y que por lo tanto les permite obtener más ganancias, señala.
"La inmigración tiene entonces dos efectos: redistribuye el ingreso de los trabajadores a los empleadores y crea ganancias en la economía nacional al permitir que los empleadores utilicen su tierra, capital y tecnología de forma más productiva", indica el informe.
Hanson sugiere en su investigación que el Congreso estadounidense no ha hecho mayor esfuerzo por reformar las leyes de inmigración porque a algunos empleadores no les conviene.
"La entrada no autorizada de inmigrantes es el principal medio para tener acceso a trabajadores extranjeros poco calificados", afirma Hanson.
"Al permitir tácitamente el empleo ilegal, el gobierno de EE.UU. deja que el mercado regulara la entrada (de indocumentados), lo que quiere decir que el flujo de trabajadores no autorizados responde a la demanda de los negocios del país y ayuda a su productividad", agrega.
Sin embargo, el académico destaca que desde 2006 han aumentado los esfuerzos por controlar la inmigración ilegal al interior del país, lo cual ha traído consecuencias para los empleadores.
El uso de sistemas de verificación de documentos para trabajar y el incremento de redadas en los lugares de trabajo ha llevado a los empleadores a buscar alternativas, aunque no hay muchas, según el profesor.
El sistema de inmigración legal no está diseñado para responder a las necesidades del mercado, con pocas visas disponibles e incontables trabas.
¿La solución al problema? Evitar el gasto excesivo de recursos en medidas para atrapar a los indocumentados que ya ingresaron al país y a cambio crear un sistema que permita la entrada legal de trabajadores poco calificados, dice Hanson.
"Los trabajadores poco calificados evitarían entrar ilegalmente si se hicieran cumplir razonablemente las leyes de inmigración en los lugares de trabajo y si los trabajadores fueran recompensados por cumplir las reglas con la posibilidad de buscar la residencia permanente", sugiere el informe.
Aunque el analista Gordon H. Hanson advierte que el gobierno no ha regulado directamente la inmigración ilegal, explica que sí tiene formas de controlarla. Algunas de ellas:
» El gobierno estadounidense decide qué tan intensamente controla el ingreso de inmigrantes a través de sus fronteras y cuándo hacer cumplir las leyes de inmigración en los lugares de trabajo.
» Por ejemplo, desde 2001 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza se ha duplicado. Actualmente hay más de 20 mil oficiales que buscan detener inmigrantes que quieran entrar ilegalmente a través de los puertos, aeropuertos y fronteras del país.
» El refuerzo de medidas de seguridad y la construcción de un muro en la frontera con México, el uso de tecnología y el enjuiciamiento de quienes entran al país ilegalmente han llevado a que sea más costoso y peligroso entrar sin autorización.
» En 2008 los coyotes cobraron en promedio 2,750 dólares por sus servicios para ayudar a alguien a entrar al país ilegalmente. A finales de la década de los 90 el precio promedio era de 1,250 dólares.
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