La hondureña Marlén Meléndez ha vivido en carne propia las inconsistencias de la aplicación del programa 287(g), que le permite a los carceleros revisar el estatus migratorio de los detenidos.

Su esposo, Jesús López, también originario de Honduras, lleva ya cuatro meses preso en el Centro de Detención de Stewart sin haber cometido ningún delito.

Mario Guevara/MH (agrande)

» Oración. Marlén Meléndez (al centro, en compañía de sus hijos) permitió a un grupo de religiosos que oraran por ella y por la liberación de su esposo, que permanece recluido en el Centro de Detención de Stewart.

El 25 de julio pasado, López le pegó a su hija por desobediente y alguien llamó a la policía denunciando que la estaba maltratando. Cuando los agentes llegaron a su casa, lo arrestaron y lo acusaron de crueldad infantil.

Días después, las autoridades le retiraron los cargos cuando descubrieron que no hubo abuso físico contra la niña, por lo que el tribunal a cargo de su caso le suspendió el juicio.

Sin embargo, en lugar de liberar al joven, los carceleros de Cobb, que tienen el programa 287(g), lo entregaron al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para ser deportado, según los documentos en poder de Meléndez.

Desde entonces, Meléndez ha tenido que sufrir un verdadero calvario para sacar adelante sola a sus tres hijos menores de edad.

"Ha sido muy dificil todo esto; si él (su esposo) hubiera hecho algo malo, digo que estaría bien, pero no fue así. Es una injusticia", aseguró la centroamericana.

De acuerdo con Meléndez, apenas empezaban a recuperarse de un arresto que sufrió López el año pasado por manejar sin licencia en Cobb. "Gastamos miles de dólares en abogado y para pagar la fianza de ICE", contó la hondureña. "Y se lo vuelven a llevar".

López no ha sido deportado aún porque se resistió a aceptar la salida voluntaria del país por recomendación de su abogado, quien busca la manera de conseguir nuevamente que ICE lo suelte, ya que tiene un récord criminal limpio, más de 10 años en EE.UU. y es padre de dos ciudadanos estadounidenses.

Mientras tanto, nadie le podrá devolver los más de siete meses que en los dos arrestos ha permanecido encerrado.

Apresados por la 287(g)

Jesús López no es el único inmigrante en haber sido puesto en proceso de deportación.

Según el sitio web del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), esa agencia desde enero de 2006 y bajo las normas del 287(g), ha identificado a más de 120 mil foráneos indocumentados en cárceles locales de todo el país.

Al respecto, a principios de este año, Janet Napolitano, directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que una investigación independiente reveló que la mayoría de esos extranjeros procesados y deportados bajo el 287(g) habían sido detenidos por delitos menores.

La sección 287(g) de la ley de inmigración, vigente desde el 30 de septiembre de 2006, permite a gobiernos locales establecer acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE y ejerzan funciones de inmigración.

La sección establece que las agencias buscarán criminales y convictos por narcotráfico, tráfico humano, pandillas, ofensas sexuales y lavado de dinero, entre otros delitos graves.

Aunque de acuerdo con ICE, el 287(g) no excluye a indocumentados que son arrestados por cometer infracciones.